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Transferencia de competencias

Descripción ley
(permanente y transitorio)

Tal cual lo establece el mandato constitucional, la ley contempla la instalación de una nueva institucionalidad específicamente abocada al traspaso de competencias, la que a partir del año 2022 permitirá con plazos y procedimientos específicos y acotados resolver para la decisión presidencial, las solicitudes de traspaso de competencias que emanen de los Gobiernos Regionales, así como aquellas que se gesten de oficio por iniciativa del Presidente de la República.

En este marco normativo corresponderá a un Comité Interministerial de la Descentralización, la función de asesorar al Presidente de la República mediante las recomendaciones correspondientes. SUBDERE, tendrá la responsabilidad de ser Secretaria Técnica de esta instancia. Una Comisión de Estudios, compuesta por representantes de los integrantes del Comité interministerial, del gobierno regional y del o los servicios nacionales respectivos, tendrá la función de analizar los antecedentes pertinentes para mejor resolver e informar. Terceros expertos, profesionales con experiencia comprobable, podrán ser requeridos para la elaboración de informes sobre la pertinencia de la transferencia de la competencia.
La operación de esta institucionalidad permitirá establecer las condiciones, plazos y demás materias concernientes al traspaso de competencias velando por que en virtud del principio de subsidiariedad, se privilegie la transferencia de competencias que tengan clara aplicación regional, cuyo ejercicio signifique una mejor calidad y oportunidad en la toma de decisiones y una mejor adecuación de la política nacional en el territorio, cuya transferencia no pueda ocasionar perjuicios a otras regiones, y potencialmente puedan ser ejercidas por la mayoría de aquéllas, exceptuados los casos en que por su naturaleza sea sólo aplicable a un determinado territorio.

Periodo transitorio 2018 – 2022

En este periodo el procedimiento será sólo de oficio, esto es, sólo desde el nivel central, ejercido por el Presidente de la República, cuyas transferencias serán resueltas por decreto supremo. En este periodo transitorio la norma contempla dos posibilidades de transferencia de competencias.
La primera, entre el 15 de febrero de 2018 y hasta el 10 de marzo del año 2022, desarrollada por la vía de realizar una experiencia previa de ejercicio mínimo un año y máximo dos, con la tutela técnica del ministerio o servicio público central respectivo. Para ello, la secretaría ejecutiva (SUBDERE) propone al Comité de Ministros su implementación, previo a lo cual identifica las competencias a transferir trabajando coordinadamente con el gobierno regional y el ministerio sectorial y/o servicio nacional respectivo.
La segunda, que establece el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley (febrero de 2019), para que el Presidente de la República pueda individualizar, mediante decreto supremo, competencias radicadas en los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas; en la Corporación de Fomento de la Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán transferidas a los gobiernos regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes; dando paso posteriormente a los procesos de instrucciones presidenciales a dichos organismos para iniciar los procedimientos administrativos para la transferencia de la competencia a cada gobierno regional; y al proceso final de dictación del decreto de transferencia correspondiente, por parte del Presidente de la República.