Preguntas Frecuentes

La descentralización es, como concepto, un proceso en que se distribuyen o comparten funciones y poderes. En el caso de nuestro país, es un proceso de reforma del Estado, a través del que se modifica el aparato institucional y se traspasan competencias y responsabilidades a instituciones territoriales, propiciando que las regiones puedan asumir decisiones y acciones relevantes respecto de su propio desarrollo. Es, por ello, una oportunidad para un desarrollo democrático, equitativo y más justo, que permite transitar hacia un nuevo paradigma basado en la complementariedad y colaboración entre los sectores privado, social y público.

Efectivamente y luego de un largo recorrido de propuestas políticas y programáticas de candidaturas presidenciales, una reforma a la Constitución Política publicada el año 2017 (Ley N° 20.990), junto con crear el cargo de gobernador regional, dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, dando paso dicha reforma a la dictación posterior de la Ley N° 21.073, que particularmente regula la elección de dichas autoridades, además de efectuar adecuaciones a diversos cuerpos legales.

La primera elección por sufragio universal en votación directa de los gobernadores regionales se materializará el día 15 y 16 de mayo del año 2021, asumiendo sus funciones, tanto como ejecutivo del gobierno regional, y como presidente del consejo regional respectivo el día 14 de julio del mismo año.

En adelante la elección del gobernador regional se realizará regularmente de manera conjunta con la de consejeros regionales, alcaldes y concejales. Durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente.

Las candidaturas a gobernador regional, sea que se trate de elecciones primarias o definitivas, según corresponda, junto con la declaración de ellas, los candidatos deberán presentar un programa en el cual se indicarán las principales acciones, iniciativas y proyectos que pretenden desarrollar durante su gestión. De no hacerlo, el Servicio Electoral establecerá un plazo para que se acompañe, bajo apercibimiento de tener por no declarada la candidatura.

El Tribunal Calificador de Elecciones proclamará elegido al candidato a gobernador regional que hubiere obtenido la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al 40% de los votos. Para estos efectos, los votos en blanco y nulos se considerarán como no emitidos.

Si ninguno de los candidatos a gobernador regional hubiere obtenido la mayoría señalada, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta elección se verificará el cuarto domingo después de efectuada la primera.

En primer lugar, nuestro país concluye la plena democratización de sus autoridades territoriales, tema pendiente en nuestra agenda política descentralizadora. En segundo lugar, permite generar un punto de inflexión histórico en la relación entre el nivel central y los niveles subnacionales.

En tercer lugar, la existencia de una autoridad electa, cargo ejecutivo del gobierno regional, permite separar definitivamente las funciones de gobierno y administración en la región, quedando las primeras radicadas en las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, respectivamente; y las segundas en el gobierno regional, encabezadas por su gobernador electo.

En cuarto lugar, la presentación de programas por parte de los candidatos a gobernadores, comprometen acciones concretas frente a sus electores, situación que fortalece el ejercicio democrático, no sólo de la gobernanza de dichas autoridades, sino que la rendición de cuentas en el desarrollo de sus gestiones, producto de lo cual pudiesen ser gratificados o castigados, a partir del ejercicio democrático eleccionario que les permite una eventual reelección.

En quinto lugar, permite estabilidad en la gestión a nivel regional, dadas las garantías institucionales de permanencia en el cargo del gobernador regional electo y su equipo de confianza.

Finalmente, destacar que los gobernadores regionales electos, en sus calidades de representantes directos de la ciudadanía, permiten generar nuevos liderazgos regionales con legitimidad democrática, desde y para el desarrollo de los territorios.

El gobernador regional es una autoridad elegida en votación popular y dura cuatro años en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente. Es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional y además preside el Consejo Regional.

Entre sus roles más relevantes le corresponde formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos; someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones; promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales; someter al consejo regional la propuesta de territorios como zonas rezagadas y su respectivo plan de desarrollo; y solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. De este modo, tareas, en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, que hoy son ejecutadas por ministerios y servicios públicos, podrán ser traspasadas a los gobiernos regionales.

El gobernador regional, en el mes de mayo de cada año, dará cuenta al Consejo Regional de su gestión como ejecutivo del gobierno regional, a la que deberá acompañar el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera. La cuenta pública, el balance de ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera deberán ser publicados en la página web del correspondiente gobierno regional.

El incumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del gobernador regional.

El cargo de gobernador regional es incompatible con los cargos de Presidente de la República, diputado, senador, consejero regional, alcalde y concejal. También será incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de los demás órganos de la Administración del Estado o de las empresas del Estado o en las que éste tenga participación por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media, básica y especial, hasta el límite de doce horas semanales.

Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

El gobernador regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley, contará con la siguiente estructura organizacional:

  1. Una División de Planificación y Desarrollo Regional, encargada de elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio, incluido el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, sobre la base de procesos técnicos y participativos, conforme a las prioridades definidas por el gobierno regional. Asimismo, le corresponderá apoyar al gobernador regional en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de carácter regional, y prestar asistencia técnica a las municipalidades y demás organismos de la administración que lo requieran.
  2. Una División de Presupuesto e Inversión Regional, encargada de elaborar el o los proyectos de presupuestos de inversión del gobierno regional, así como de ejecutar y controlar dicho presupuesto de inversiones y los programas que administre el gobierno regional, asesorando al gobernador regional en la determinación de los proyectos de inversión a desarrollar o financiar según los lineamientos y prioridades de los instrumentos de planificación regional.
  3. Una División de Administración y Finanzas, encargada de la gestión administrativa interna y de la provisión de los servicios generales del gobierno regional.
  4. Una División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de nuevas capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que propenda a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.
  5. Una División de Infraestructura y Transportes, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional, en materia de obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.
  6. Una División de Desarrollo Social y Humano, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

Estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan o se relacionen con el gobierno regional.

Los jefes de división serán de exclusiva confianza del gobernador regional y requerirán contar con un grado académico o título profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, rigiendo respecto de éstos las normas funcionarias aplicables al personal de servicios administrativos del gobierno regional.

El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Artículo 29.- El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal, en votación directa.

Cada consejo estará integrado por catorce consejeros en las regiones de hasta cuatrocientos mil habitantes; por dieciséis en las regiones de más de cuatrocientos mil habitantes; por veinte en las regiones de más de ochocientos mil habitantes; por veintiocho en las regiones de más de un millón quinientos mil habitantes; y por treinta y cuatro en las regiones de más de cuatro millones de habitantes.

Dentro de cada región los consejeros se elegirán por circunscripciones provinciales, que se determinarán sólo para efectos de la elección. Cada provincia de la región constituirá, al menos, una circunscripción provincial. Las provincias de mayor número de habitantes se dividirán en más de una circunscripción provincial, según lo que se establece en el artículo 29 bis.

El número de consejeros que corresponda elegir a cada circunscripción provincial se determinará en consideración a las siguientes normas:

  1. La mitad de los consejeros que integrarán el consejo de cada región se dividirá por el total de circunscripciones provinciales que integran la región. El resultado de esta operación indicará el número mínimo o base de consejeros regionales que elegirá cada circunscripción provincial, independientemente del número de habitantes que exista en ella. Si este resultado no fuere un número entero, la fracción que resulte se aproximará al entero superior si fuere mayor a un medio, y si fuere igual o inferior a esta cantidad se despreciará.
  2. La cantidad restante de los consejeros que correspondan a cada región, no considerada en el literal a) anterior, se distribuirá proporcionalmente entre las circunscripciones provinciales, a prorrata de sus habitantes, aplicándose el método de cifra repartidora, que se trata en el artículo 96, incisos tercero al quinto, de la presente ley.
  3. Si la suma de consejeros que le corresponda a una circunscripción provincial, considerando lo señalado en las letras a) y b) anteriores, fuere inferior a dos, se le asignará a ella, en total, dos consejeros; repitiéndose, al efecto, el proceso de determinación de consejeros, a prorrata de los habitantes, señalado en la letra b) anterior, considerando sólo al resto de las circunscripciones provinciales y los cargos de consejeros que queden por asignar.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el Director del Servicio Electoral determinará, a lo menos siete meses antes de la fecha de la elección respectiva, el número total de consejeros regionales a elegir en cada región, así como el que corresponda a cada circunscripción provincial, para lo cual considerará la población de habitantes consignada en el último censo nacional oficial.
La resolución del Director del Servicio Electoral deberá ser publicada en el Diario Oficial, dentro de los diez días siguientes de su dictación. Cualquier consejero regional en ejercicio o partido político podrá reclamar de dicha resolución, ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, dentro de los diez días siguientes a su publicación en el Diario Oficial.
El Tribunal deberá emitir su fallo dentro del plazo de quince días. Este fallo será apelable ante el Tribunal Calificador de Elecciones, de conformidad al plazo y procedimiento previstos en el artículo 59 de la ley Nº 18.603.

El gobierno regional contará con un administrador regional, el que será colaborador directo del gobernador regional, correspondiéndole la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los jefes de cada una de las divisiones.

El administrador regional será un funcionario de la exclusiva confianza del gobernador regional y para su nombramiento requerirá contar con un título profesional o grado académico de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, y un mínimo de cinco años de experiencia profesional, sin perjuicio que rijan además, a su respecto, las causales de cesación de funciones aplicables al personal del servicio administrativo del gobierno regional.

En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, el consejo regional procederá a elegir un nuevo gobernador regional que complete el período, de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de ellos dicha mayoría, se repetirá la votación, circunscrita sólo a los dos consejeros regionales que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas. En caso de no lograrse nuevamente la mayoría absoluta en esta segunda votación, o produciéndose empate, será considerado gobernador regional aquél de los dos consejeros regionales que hubiere obtenido mayor número de sufragios en la elección respectiva. El mismo mecanismo se aplicará para resolver los empates en la determinación de las mayorías relativas en la primera votación.

La elección se efectuará en una única sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario ejecutivo del consejo regional citará al efecto a este órgano con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo gobernador regional así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido.

Mientras no sea elegido el nuevo gobernador regional, regirá lo dispuesto en el artículo anterior.

En caso que dicha sesión no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario ejecutivo citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fracasada, en idénticas condiciones que ésta.

Si la segunda sesión nuevamente no pudiere realizarse en la fecha convocada, el secretario ejecutivo citará a una nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la anterior. Esta nueva sesión extraordinaria, destinada a elegir gobernador regional, se celebrará con el o los consejeros regionales que asistan y resultará elegido gobernador regional aquel consejero regional que obtenga la mayor cantidad de votos. En caso de empate, será considerado gobernador regional aquél de los consejeros regionales igualados que hubiere obtenido mayor número de sufragios en la elección respectiva.

Si la tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere realizarse, asumirá como gobernador regional aquel consejero regional en ejercicio que hubiere obtenido el mayor número de sufragios en la elección correspondiente.

El próximo 14 de julio, fecha en que asumen los nuevos gobernadores regionales, el Gobierno Regional pasa a ser dirigido por una nueva figura, que es autónoma, electa por votación popular e independiente del Presidente de la República, denominada gobernador regional. De esta manera, el intendente (futuro delegado presidencial regional), deja de actuar como órgano ejecutivo del Gobierno Regional, y pasa a ser el representante del primer Mandatario en la región.

Una vez que asuman los nuevos gobernadores regionales electos (14 de julio de 2021), dejará de existir la figura del intendente regional, actual representante del Presidente de la República en la región. Esta figura a partir de esa fecha se denominará delegado presidencial regional y ejercerá similares funciones y atribuciones en temas de gobierno interior y seguridad pública en la región.

A partir de esa fecha, en la provincia asiento de la capital regional, el delegado presidencial regional, ejercerá las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial.

Las intendencias regionales, continuarán a cargo del delegado presidencial regional, pasando a denominarse delegación presidencial regional.

Las gobernaciones provinciales restantes, que no se ubican en las capitales de cada región, pasarán a denominarse Delegaciones Presidenciales Provinciales (DPP), con idénticas funciones y atribuciones.

Las Delegaciones Presidenciales Regionales (DPR), serán las continuadoras legales de las intendencias regionales, representando al Presidente de la República en la región. Entre sus principales funciones destacan, velar porque dentro de su territorio se respete la tranquilidad, orden público y el resguardo de las personas y bienes; adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe; y deberá adoptar las medidas de coordinación con los Secretarios Regionales Ministeriales y directores regionales de servicios de carácter nacional, así como también, adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos.

Las delegaciones presidenciales provinciales (DPP) serán las continuadoras legales de las gobernaciones provinciales restantes que no se ubican en las capitales de cada región. Estas continuarán ejerciendo las funciones de la actual Gobernación Provincial, como por ejemplo; autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público y la supervisión de los programas de desarrollo que los servicios públicos creados por ley efectúen en la provincia, entre otras.

No, no modifica sus funciones y atribuciones. De hecho, seguirán prestando a la comunidad los mismos servicios que entregan las Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales (convenios para prestación de servicios a la comunidad y recursos para acción social, como el Fondo Social Presidente de la República y otros).

A través de la transferencia de competencias, se busca fortalecer la gestión de los gobiernos regionales, de modo de hacerlos adecuados a la figura de una autoridad regional electa, encargada de liderarlo. Esto implica necesariamente un proceso de traspaso de mayores competencias y capacidades a las regiones, para que sean éstas quienes lideren los procesos que les son propios, sumando talentos, proyectos, instituciones y recursos.

En términos generales y adicional a las nuevas competencias asignadas a los gobiernos regionales, derivadas de las reformas legales del año 2018 (Ley N° 21.074), la norma establece que el Presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales, una o más competencias desde ministerios y servicios públicos, las que podrán ser transferidas de forma temporal o definitiva y exclusivamente en las siguientes tres materias: ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, es decir, la norma no permite transferir competencias que no se correspondan con las materias ante señaladas.

El procedimiento de transferencia se tramitará de acuerdo a las siguientes reglas:
  1. El procedimiento se iniciará con una solicitud al Presidente de la República, la que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea previa propuesta del gobernador regional, o por propia iniciativa si reuniere el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio, y sólo podrá presentarse dentro de los primeros veinticuatro meses, contados desde el inicio de cada período presidencial.
  2. Cada solicitud deberá contar con estudios que fundamenten los beneficios de la transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia. El consejo regional, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá solicitar, en caso que lo estime necesario, en cualquier momento, al gobernador regional que realice estudios referidos a funciones y atribuciones que podrán ser solicitadas en el futuro por el gobierno regional, previa certificación de disponibilidad presupuestaria del jefe de la división de administración y finanzas del gobierno regional, visada por el jefe de la unidad de control del mismo. El gobernador regional deberá remitir al consejo dichos estudios una vez que hayan sido recibidos y aprobados.
  3. Iniciado un procedimiento y no habiéndose declarado inadmisible la solicitud, el Comité Interministerial instruirá a la comisión de estudios correspondiente para que se constituya, analice los antecedentes recibidos y aquellos otros que estime pertinentes para mejor resolver y le informe, fundadamente, sobre la transferencia en estudio. Para ello, podrá solicitar informes a terceros expertos en la materia que se analiza.
  4. El informe de la comisión de estudios podrá contemplar la transferencia de una competencia en los mismos términos solicitados por el gobierno regional o establecer condiciones diferentes para su ejercicio. En este último caso, y en forma previa a la revisión del Comité Interministerial, se requerirá la aprobación del consejo regional por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Si el consejo regional no acepta la modificación de las condiciones con que se solicitó, el proceso se entenderá concluido sin más trámite.
  5. Recibido el informe de la comisión con sus recomendaciones, el Comité Interministerial oirá al gobernador regional respectivo, y luego aprobará o rechazará la transferencia. En caso de aprobar, remitirá los antecedentes al Presidente de la República para su consideración. En caso de rechazar, se dictará un decreto fundado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la fórmula «Por orden del Presidente de la República», suscrito además por los ministros de las secretarías que integren el Comité Interministerial.
  6. Recibida la recomendación del Comité Interministerial, el Presidente de la República podrá aprobar o rechazar en forma fundada la transferencia en estudio mediante decreto supremo dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que será suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia.
  7. En caso que no exista respuesta en el plazo de seis meses señalado en la letra C de este artículo, y esta demora sea representada por el respectivo gobierno regional, se entenderá que se rechaza la transferencia.
  1. El Presidente de la República instruirá al Comité Interministerial dar curso al procedimiento regulado en este Párrafo, para que éste, con el apoyo de la secretaría ejecutiva, evalúe la procedencia de una transferencia específica.
  2. En caso que el Comité Interministerial recomiende realizar la transferencia, enviará los antecedentes al gobierno regional respectivo para la ratificación por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio. Luego de dicha ratificación, el Comité Interministerial remitirá los antecedentes al Presidente de la República, quien se pronunciará fundadamente mediante decreto supremo emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la Presidencia y el ministro que corresponda a la materia de la competencia transferida.
  3. En caso que el Comité Interministerial recomiende fundadamente no realizar la transferencia de competencia, o que el gobierno regional no acepte la transferencia de oficio, el Comité Interministerial informará estos antecedentes al Presidente de la República, con lo cual el proceso se entenderá concluido sin más trámite.
    Sin perjuicio de lo anterior, el gobierno regional siempre podrá iniciar un nuevo procedimiento para dicha transferencia, cumpliendo los requisitos señalados en la letra A precedente

Artículo 69.- El patrimonio del gobierno regional estará compuesto por:

  1. Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco.
  2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera legalmente a cualquier
    título y los frutos de tales bienes.
  3. Las donaciones, herencias y legados que reciba, de fuentes internas o externas, de acuerdo a la legislación vigente, las cuales estarán exentas del trámite de insinuación;
  4. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por los permisos y concesiones que otorgue respecto de los bienes a que se refiere la letra e) del artículo 70.
  5. Los ingresos que perciba en conformidad al inciso final del número 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;
  6. Los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
  7. Las obligaciones que contraiga en el desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley.
  8. Los derechos y obligaciones que adquiera por su participación en
    las asociaciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 115 de la Constitución Política de la República
  9. Los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y de casinos en la proporción que la ley respectiva establezca, y
  10. Los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

De acuerdo al Art. 71° de la Ley 21.073, durante el segundo trimestre de cada año y teniendo en consideración los objetivos estratégicos del gobierno regional y de los servicios que operen en la región, así como los planes de desarrollo comunales vigentes, el gobernador regional, con la participación de representantes del consejo regional, de los secretarios regionales ministeriales y los directores regionales de los servicios públicos, elaborará un anteproyecto regional de inversiones, correspondiente al año siguiente, el que deberá ser considerado en la formulación de los proyectos de presupuestos del gobierno regional y de los respectivos ministerios. Para estos efectos, a más tardar en el mes de abril, los ministerios deberán proporcionar a sus secretarios regionales ministeriales, jefes de servicios y directores regionales, las orientaciones e información necesarias relativas a las inversiones y actividades a ejecutar en la región en el año siguiente. En los mismos plazos, los gobiernos regionales deberán poner a disposición de los ministerios y sus unidades regionales la información regional correspondiente. Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, los gobiernos regionales remitirán a las municipalidades de la región respectiva una propuesta inicial de anteproyecto regional de inversiones, con el fin que éstas puedan, dentro de los quince días posteriores a su recepción, formular observaciones.

El anteproyecto regional de inversiones comprenderá una estimación de la inversión y de las actividades que el gobierno regional, los ministerios y servicios efectuarán en la región, identificando los proyectos, estudios y programas, y la estimación de sus costos.

Una vez elaborado el anteproyecto señalado, y previa aprobación por parte del consejo según lo dispuesto en la letra n) del artículo 36 de la presente ley, éste será enviado a los ministerios respectivos, con el objeto que sea considerado al momento de la formulación de sus correspondientes proyectos de presupuesto.

En el caso de existir diferencias entre el gobierno regional y algún ministerio en la formulación de los respectivos proyectos de presupuesto, éstas deberán ser resueltas en la etapa de evaluación y discusión a que se hace mención en el artículo 73 de esta Ley.