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Transferencia de Competencias

Una de las reformas más significativas, que entrará en vigencia a contar del año 2022, es la atribución del Gobernador Regional de solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la transferencia de una o más competencias que hoy desarrollan los ministerios y servicios públicos. De este modo, tareas en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, que hoy son ejecutadas por ministerios y servicios públicos, podrán ser traspasadas a los gobiernos regionales.

A través de la transferencia de competencias, se busca fortalecer la gestión de los gobiernos regionales, de modo de hacerlos adecuados a la figura de una autoridad regional electa, encargada de liderarlo. Esto implica necesariamente un proceso de traspaso de mayores competencias y capacidades a las regiones, para que sean éstas quienes lideren los procesos que les son propios, sumando talentos, proyectos, instituciones y recursos.

En términos generales y adicional a las nuevas competencias asignadas a los gobiernos regionales, derivadas de las reformas legales del año 2018 (Ley N° 21.074), la norma establece que el Presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales, una o más competencias desde ministerios y servicios públicos, las que podrán ser transferidas de forma temporal o definitiva y exclusivamente en las siguientes tres materias: ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, es decir, la norma no permite transferir competencias que no se correspondan con las materias ante señaladas.

En el desarrollo del proceso de traspaso de competencias la norma contempla la participación de:

  • El Presidente de la República, a quien le corresponde iniciar el procedimiento de oficio para transferir una competencia y resolver mediante decreto supremo fundado la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, en aquellos casos en que el informe del Comité Interministerial sea positivo.

  • Un Comité Interministerial de Descentralización, presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y conformado, además, por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia y por el o los ministros a quienes correspondan las competencias cuyo ejercicio se evalúa transferir. La función del Comité es asesorar al Presidente de la República mediante las recomendaciones correspondientes, en materia de transferencia de competencias a los gobiernos regionales, para procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de una región.

  • Una Secretaría Ejecutiva, que será ejercida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), cuya función es proporcionar al Comité Interministerial el apoyo técnico y administrativo necesario para el ejercicio de su función.

  • Una Comisión de Estudios, compuesta por representantes de los integrantes del Comité interministerial, del gobierno regional respectivo y del o los servicios nacionales respectivos, considerando un número equivalente de representantes de la administración central y del gobierno regional en dicha integración. Su función será analizar los antecedentes recibidos y aquellos otros que estime pertinentes para mejor resolver e informar, fundadamente, sobre la transferencia en estudio al Comité Interministerial. Estas comisiones sólo actuarán en procedimientos iniciados a solicitud de un gobierno regional.

  • Terceros expertos, profesionales con experiencia comprobable, requeridos para la elaboración de informes sobre la pertinencia de la transferencia de la competencia que servirá de fundamento para mejor resolver por parte del comité interministerial para la descentralización.

  • Los Gobiernos Regionales, a través de sus ejecutivos gobernadores regionales y consejos regionales, que intervienen en los procesos de transferencia de competencias, mediante las aprobaciones que deberá efectuar el consejo regional respectivo, sea por mayoría absoluta o por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio, según sea el caso, si cuenta o no con el consentimiento del gobernador regional respectivo.

La norma contempla para el desarrollo de transferencia de competencias, un periodo de aplicación transitorio, entre los años 2018 al 2022; y otro en régimen desde el año 2022, en adelante.

Periodo transitorio de transferencia de competencias (2018-2022):

En este periodo el procedimiento será sólo de oficio, esto es, sólo desde el nivel central, ejercido por el Presidente de la República, cuyas transferencias serán resueltas por decreto supremo.

Para este periodo la norma contempla dos posibilidades de transferencia de competencias:

  • La primera, entre el 15 de febrero de 2018 y hasta el 10 de marzo del año 2022, desarrollada por la vía de realizar una experiencia previa de ejercicio de mínimo un año y máximo dos, con la tutela técnica del ministerio o servicio público central respectivo.

Para ello, la secretaría ejecutiva (SUBDERE) propone al Comité de Ministros su implementación, previo a lo cual identifica las competencias a transferir, trabajando coordinadamente con el gobierno regional y el ministerio sectorial y/o servicio nacional respectivo.

  • La segunda, entre el 15 de febrero de 2018 y el 15 de febrero de 2019, desarrollada por la vía de la individualización, mediante decreto supremo ejercido por el Presidente de la República, de competencias radicadas en los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas; en la Corporación de Fomento de la Producción; en el Servicio de Cooperación Técnica; y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que serán transferidas a los gobiernos regionales, con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes.

Periodo en régimen de transferencia de competencias (desde el año 2022 en adelante):

A diferencia del periodo transitorio, donde la transferencia de competencias puede iniciarse sólo desde el nivel central, en régimen (desde el año 2022 en adelante), podrá ser ejercido indistintamente bajo las modalidades de oficio o a solicitud de un gobierno regional, en cualquier caso, resuelta por decreto supremo. El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses contados desde la solicitud de un gobierno regional, en caso que se haya iniciado por este mecanismo, o desde la instrucción del Presidente para iniciarlo de oficio.

Sea el mecanismo de oficio o a solicitud de un gobierno regional, los procedimientos respectivos consideran la aprobación o ratificación del consejo regional respectivo, requiriéndose del quórum de mayoría absoluta de los miembros en ejercicio cuando sea con el consentimiento del gobernador regional o, en caso contrario, por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio.