Durante esta jornada, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, María Paz Troncoso, participó de un seminario organizado por Libertad y Desarrollo, en el que se abordaron los desafíos a corto y mediano plazo del proceso de descentralización. La instancia, también contó con la presencia de la directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, y del académico e investigador de la Universidad de la Frontera, Ismael Toloza.
En el inicio de su exposición, la titular de la Subdere repasó las modificaciones legales y administrativas en torno al proceso, aparejadas de la aplicación de las leyes 21.073 y 21.074. Entre ellas, destacó el proceso de traspaso de competencias desde el nivel central al regional, la eliminación de la figura del intendente y la creación de los cargos del gobernador regional y el delegado presidencial regional.
En ese contexto, la autoridad dio cuenta del estado de instalación de las tres nuevas divisiones con las que contarán los gobiernos regionales –Fomento e Industria; Desarrollo Social y Humano; Infraestructura-, y de los cuerpos reglamentarios de la ley, de los cuales cinco ya están publicados en el Diario Oficial, uno se encuentra en proceso de revisión por parte de la Contraloría General de la República y otro está en proceso de revisión por parte de los ministerios involucrados.
Beneficios y desafíos
Continuando con la exposición, la autoridad recalcó que el proceso de descentralización, “tiene por finalidad asegurar el desarrollo equilibrado y equitativo de los territorios, que es un aspecto que siempre ha estado contenido en los distintos mensajes que aspiran a modificar y avanzar en estas materias, pero además porque se entiende que, a través de los procesos de descentralización debiésemos ser capaces de asegurar una mejor provisión de los distintos bienes y servicios públicos haciéndolas más pertinentes a las necesidades del territorio”.
En ese sentido, la descentralización permitirá incrementar la decisión del nivel regional y local por sobre el central, contribuir a mejorar el potencial de desarrollo del territorio en su conjunto, aumentar la cohesión social, involucrando a la ciudadanía en la toma decisiones, y contribuyendo a acercar las funciones del Estado a las comunidades.
Sin embargo, señaló que se trata de un proceso que “siempre va a ser gradual, que va a tener un desenlace en el tiempo, permanente, continuo y no exento de complejidades”. Entre los desafíos que presenta el proceso, la autoridad planteó que se encuentra la posibilidad de “replicar el centralismo a nivel regional, producto de la dispar distribución de capacidades, no solo del acceso a ciertos bienes y servicios, sino que también de las capacidades de quienes están llamados a impulsar la reforma”.