Es un mecanismo presente en marcos jurídicos de diferentes países para transferir funciones, facultades o atribuciones realizadas por el Estado central, hacia los niveles subnacionales.

Se enmarca en lo que tradicionalmente se denomina Descentralización Administrativa, que tiene por objetivo re-diseñar el Estado para entregar mayor capacidad ejecutiva a los niveles subnacionales, diferenciándose de la desconcentración, que es un proceso de fortalecimiento de los niveles desconcentrados del Estado Central (Secretaria Regional Ministerial, Dirección Regional, etc.)

La premisa base de este mecanismo, es que al descentralizar una o más competencias, su ejecución mejora por criterios de pertinencia (una política más cercana al territorio donde se implementa) y oportunidad (una respuesta más rápida a un problema público por cercanía con el territorio donde ocurre).

Desde la entrada en vigencia de la Ley N°21.074 el año 2022, cada proceso de transferencia ha generado grandes aprendizajes en cuanto a la magnitud de las competencias, la forma en que se relacionan unas con otras, de qué forma se pueden mejorar los instrumentos de levantamiento de información y como lograr que este proceso pueda ser entendido por todos y todas. Es por esto, que, la transferencia de competencias al tratarse de un rediseño para optimizar la administración pública, debe regirse bajo un enfoque de mejora continua.